España | organización territorial
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Organización territorial

Estado de las autonomías

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España es en la actualidad lo que se denomina un «Estado de las autonomías» o «Estado autonómico», un país formalmente unitario que funciona como una federación sui géneris descentralizada de comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Las diferencias dentro de este sistema se deben a que el proceso de traspaso de competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico, que garantizase un mayor grado de autogobierno solo a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el resto de España (Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco). Por otro lado, el resto de comunidades autónomas dispondría de un menor autogobierno. A pesar de ello, a medida que fueran pasando los años, otras comunidades como Comunidad Valenciana o Canarias fueran adquiriendo gradualmente más competencias.

Hoy en día, España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público; algunos de ellos, como el País Vasco y Navarra, además administran su financiación pública sin casi contar (a excepción del cupo) con la supervisión del gobierno central español. En el caso de Cataluña, Canarias, Navarra y el País Vasco, están equipados con sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente autónomos que reemplazan las funciones de la Policía Nacional en estos territorios, salvo en Navarra y Canarias, todavía en proceso de traspaso.

España es una nación organizada territorialmente en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. El Título VIII de la Constitución establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, estas con competencias para gestionar sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes legislativos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de la Constitución y de cada Estatuto de Autonomía. Aunque Navarra no se constituyó propiamente en comunidad autónoma, siendo de iure una comunidad foral, y no habiendo desarrollado un Estatuto de Autonomía, sino articulando un amejoramiento de sus fueros tradicionales, es considerada comunidad autónoma a todos los efectos, según la interpretación del Tribunal Constitucional.

España identificadas según el estándar ISO 3166-2.Gtk-dialog-info.svg

Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un total de cincuenta.

Desde 2003 se ha adoptado la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas, o unidades NUTS, de tres niveles, con fines meramente estadísticos basados en las normativas europeas y fijados por el Eurostat. Las cincuenta provincias españolas y las dos ciudades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-3; las diecisiete comunidades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-2; y para los niveles NUTS-1 se han creado los grupos de comunidades autónomas.

Reclamaciones territoriales y territorios en disputa

Territorios españoles en el norte de África (no se incluyen las islas Canarias).

España reclama históricamente la retrocesión de la colonia, actualmente con estatus de territorio británico de ultramar, de Gibraltar, si bien se ha mostrado últimamente favorable a fórmulas de soberanía compartida. La reclamación comenzó desde el momento en que tropas angloholandesas tomaron la plaza en nombre del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española (1704), pasando posteriormente a manos británicas mediante el Tratado de Utrecht (1713). La reivindicación, que incluyó operaciones militares, fue particularmente intensa durante el XVIII, languideció durante el XIX y la primera mitad del XX y fue llevada por el gobierno franquista a la Organización de las Naciones Unidas durante la década de 1960. Allí, encuadrada en los procesos descolonizadores, España obtuvo el respaldo a su postura al reconocer las resoluciones al efecto (2231 y 2353) que el proceso descolonizador debía respetar el derecho a la integridad territorial de España y que los intereses, y no los deseos de los gibraltareños, debían ser respetados (véase Historia de Gibraltar). España no reconoce, sin embargo, la soberanía británica sobre el istmo que une el continente con el peñón.

Por otra parte, Portugal no reconoce la soberanía española sobre la comarca pacense de Olivenza, que incluye los municipios de Olivenza y Táliga (si bien no reclama activamente su soberanía), cedida por Portugal a España mediante el Tratado de Badajoz (1801). Las resoluciones del Congreso de Viena son interpretadas de forma divergente por ambos países. Mientras que Portugal estima que aquellas obligaban a España a devolver Olivenza, España opina que se trata de una simple declaración de buenos deseos, sin capacidad resolutiva, razón por la que Olivenza siguió unida a España. Finalmente, aunque España reconoce la soberanía portuguesa sobre las islas Salvajes (un diminuto archipiélago deshabitado en el Atlántico, a 160 kilómetros al norte de Canarias y a 280 al sur de Madeira), se opone a la pretensión de Portugal de establecer una zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas en torno al territorio, reconociendo solo 12 millas de mar territorial.[89]

También la soberanía sobre la deshabitada isla de Perejil se encuentra disputada con Marruecos. Aunque desalojada tras el incidente armado de 2002, por acuerdo entre ambos países no se encuentra asentada allí ninguna fuerza militar o policial, sin que ninguna de las partes haya renunciado a sus pretensiones de soberanía. Por otra parte, Marruecos reclama informalmente la cesión de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, así como las denominadas plazas de soberanía en el continente africano. Algunos movimientos irredentistas en Marruecos, como el Partido Istiqlal, reclaman la inclusión en el denominado Gran Marruecos de las islas Canarias.[90]

El caso del Sahara

Sello de 1924 dedicado al Sahara español. Para la ONU, el territorio es de iure de soberanía española, a pesar de la renuncia española materializada en el Acuerdo Tripartito de Madrid.

En 1975, mediante el Acuerdo Tripartito de Madrid, el Estado español renunció formalmente a la administración del Sahara Occidental, territorio no autónomo según el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, pasando esta a ser temporalmente marroquí y mauritana.[91]​ La propia ONU, en su documento S/2002/161, establece:

El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental (el «Acuerdo de Madrid»), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo.[92]

Por tanto, España seguiría siendo la potencia administradora sobre el territorio. Incluso en 2014, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional española, en la investigación de dos causas en las que se investigan posibles crímenes de genocidio y lesa humanidad que habrían cometido altas autoridades marroquíes contra la población del territorio, estableció que «por la legalidad internacional, ese territorio no puede ser considerado marroquí» y, en consecuencia, «España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora».[96]