Leyes de los cereales
English: Corn Laws

Las Leyes de los cereales (o Corn Laws en inglés) fueron aranceles a la importación de cereales en Gran Bretaña, vigentes entre 1815 y 1846, establecido para proteger los precios del grano británico doméstico contra la competencia del exterior. En este uso y a lo largo de este artículo, corn tiene el significado original de cualquier grano, particularmente al trigo.[1]​ Los aranceles fueron establecidos por la Importation Act 1815 (55 Geo. 3 c. 26) y revocados por la Importation Act 1846 (9 & 10 Vict. c. 22).

Estas leyes son a menudo vistas como ejemplos de mercantilismo británico, debido ya que "fueron concebidas para proteger a los terratenientes ingleses al promover la exportación y limitar la importación de grano, cuando los precios cayeron por debajo del punto fijado"[2]​.

Fueron finalmente abolidos debido a la agitación militante de la Liga Anti-Corn Law, formada en Mánchester en 1839, que sostenía que las leyes que significaban un subsidio incrementaban los costos industriales. Tras una prolongada campaña, los opositores del arancel obtuvieron lo que querían en 1846, un triunfo significativo que era indicativo del nuevo poder político de la clase media inglesa.[2]

Así, su abolición marcó un avance significativo hacia el libre comercio. Las Corn Laws aumentaron las ganancias y el poder político asociado de los terratenientes.

Según el economista Charles Kindleberger, la abrogación de estas leyes fue motivada por un “imperialismo librecambista” destinado a “detener el avance de la industrialización del continente a través de una ampliación del mercado de productos agrícolas y de materias primas”. Ese fue por otra parte el argumento que desplegaron los principales voceros de la Anti-Corn Law League. Según el economista Friedrich List, "la prédica británica a favor del librecambio recuerda la actitud de quien, una vez en lo alto, arroja al piso la escalera para evitar que otros suban".[3]

Defensores

Los defensores de estos aranceles argumentaban que la agricultura debía ser protegida para sostener así a la aristocracia natural del país (la mayor parte de las tierras pertenecían a la nobleza y a los pares) y con otro tipo de razones más economicistas aseguraban que Gran Bretaña debía mantener una economía equilibrada entre agricultura e industria y evitar la dependencia de los alimentos importados.[4]