Constitución española de 1978

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    constitución española
    1978
    constitución española de 1978.jpg
    facsímil de la constitución encargado al calígrafo luis moreno por las cortes en 1979.[1]
    tipo de texto constitución
    idioma español
    función constitución nacional para reemplazar a las leyes fundamentales del reino
    autor(es) «padres de la constitución»
    creación 31 de octubre de 1978[2]
    ratificación 6 de diciembre de 1978
    signatario(s) juan carlos i de borbón
    ubicación congreso de los diputados

    texto completo en wikisource

    la constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de españa[4]

    la constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey juan carlos i el 27 de diciembre y publicada en el boletín oficial del estado el 29 de diciembre del mismo año. la promulgación de la constitución implicó la culminación de la llamada transición a la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior jefe de estado, el dictador general franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen dictatorial en un «estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», tal y como proclama el artículo primero de la constitución.[7]​ deroga, además, en la disposición derogatoria (en sus últimas páginas), las leyes fundamentales del reino, aprobadas en 1938 y modificadas en múltiples ocasiones, la última de ellas en 1977 precisamente para abrir paso a la democracia.

    la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas,[12]

    el rey es el jefe de estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la constitución y las leyes.[14]

    en el texto constitucional se establece la separación de funciones (no debe confundirse con la separación de poderes, idea fundamental del pensamiento liberal).[16]​ de los representantes del pueblo soberano en las cortes generales, configuradas a modo de un bicameralismo asimétrico, integrado por el congreso de los diputados y el senado. ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del congreso de los diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del gobierno y de su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. no obstante, tanto el congreso como el senado ejercen una tarea de control político sobre el gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias.

    el gobierno, cuyo presidente es investido por el congreso de los diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la administración pública. los miembros del gobierno son designados por el presidente y, junto a él, componen el consejo de ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo. el gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el congreso de los diputados,[17]​ que, dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura.

    el poder judicial recae en los jueces y tribunales de justicia, y el consejo general del poder judicial es su máximo órgano de gobierno. el tribunal constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la norma suprema.

  • historia
  • estructura
  • características
  • título preliminar
  • título i: derechos y deberes fundamentales
  • título ii: corona
  • título iii: cortes generales
  • título iv: gobierno y administración
  • título v: relaciones entre el gobierno y las cortes generales
  • título vi: poder judicial
  • título vii: economía y hacienda
  • título viii: organización territorial
  • título ix: tribunal constitucional
  • título x: reforma constitucional
  • reformas
  • véase también
  • notas
  • referencias
  • bibliografía
  • enlaces externos

Escudo de España (mazonado).svg
Constitución Española
1978
Constitución Española de 1978.JPG
Facsímil de la Constitución encargado al calígrafo Luis Moreno por las Cortes en 1979.[1]
Tipo de texto Constitución
Idioma español
Función Constitución nacional para reemplazar a las Leyes Fundamentales del Reino
Autor(es) «Padres de la Constitución»
Creación 31 de octubre de 1978[2]
Ratificación 6 de diciembre de 1978
Signatario(s) Juan Carlos I de Borbón
Ubicación Congreso de los Diputados

Texto completo en Wikisource

La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España[4]

La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada transición a la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior jefe de Estado, el dictador general Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen dictatorial en un «Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», tal y como proclama el artículo primero de la Constitución.[7]​ Deroga, además, en la Disposición Derogatoria (en sus últimas páginas), las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas en 1938 y modificadas en múltiples ocasiones, la última de ellas en 1977 precisamente para abrir paso a la democracia.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas,[12]

El rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.[14]

En el texto constitucional se establece la separación de funciones (no debe confundirse con la separación de poderes, idea fundamental del pensamiento liberal).[16]​ de los representantes del pueblo soberano en las Cortes Generales, configuradas a modo de un bicameralismo asimétrico, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del Gobierno y de su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias.

El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la administración pública. Los miembros del Gobierno son designados por el presidente y, junto a él, componen el Consejo de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo. El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados,[17]​ que, dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura.

El poder judicial recae en los jueces y tribunales de justicia, y el Consejo General del Poder Judicial es su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la norma suprema.